El 3 y 4 de mayo del 2006, el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, ordenó reprimir un movimiento de protesta que se oponía al proyecto de un nuevo aeropuerto en San Salvador Atenco, en donde más de 20 mujeres fueron torturadas sexualmente.
A poco más de 11 años, el día de hoy mujeres víctimas de tortura sexual en los operativos policíacos presentan su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual podría obligar al Estado mexicano a establecer responsabilidades involucradas en los hechos, incluyendo a Peña Nieto, actual presidente de la República.
