Uno de los hechos que ha renombrado al estado de Morelos en medios nacionales e internacionales, organismos de protección de derechos humanos, activistas y hasta la Organización de las Naciones Unidas, comenzó en el año 2015 cuando Oliver Wenceslao Navarrete, comerciante de Cuautla, Morelos fue asesinado por presuntos integrantes del crimen organizado y posteriormente enterrado en una fosa común; al momento en el que familiares de Oliver reconocieron el cadáver, se percataron que existían más restos humanos en el lugar donde fue hallado, hecho que desató un sinfín de cuestionamientos sobre lo que allí había ocurrido.
Tras obligar al estado por la vía legal para reabrir la fosa, el pasado 03 de junio de 2016 fueron descubiertos 117 cadáveres en el predio que fueron inhumados sin cumplir con los procedimientos legales correspondientes.
La Fiscalía General del Estado de Morelos únicamente informó que los cadáveres no fueron reclamados por sus familiares en el Semefo, a manera de justificar que fueron enterrados en el terreno. Activistas, ciudadanos, organizaciones, familiares de personas desaparecidas y pobladores de la zona exigían una respuesta clara sobre la identidad y causas de deceso de los cuerpos hallados, por lo que Observadores de la ONU para los Derechos Humanos, investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, defensores de los derechos humanos , activistas y peritos expertos en la materia, a través de investigaciones detectaron que las personas ahí encontradas en el predio conocido como “El Maguey” presentaron signos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
De los 117 cuerpos, 3
4 no tenían carpetas de investigación abiertas e inclusive se indicó que pudieron ser víctimas de desapariciones forzadas ya que 12 de ellos no tenían registros de necropsias. Entre las personas identificadas se encontraban 9 hombres, dos menores de edad y un feto de 36 semanas de gestación.
El gobierno de Morelos al verse sofocado ante los cuestionamientos sobre el hecho, informó que se haría una investigación a fondo para dar con los funcionarios y ex funcionarios que permitieron el crimen de estado, pero hasta el momento no se tienen informes estrictos de las causas de muerte de los cuerpos encontrados, ni culpables identificados, lo único que sí es certero es la indignación y dolor de aquellas familias que aún esperan respuestas.
