Esta mañana, pasadas las 8 am, la primera gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, en conferencia de prensa, habló sobre la designación del nuevo titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Edgar Antonio Maldonado, indicando que desde el inicio de su gestión subrayó la necesidad de contar con un órgano autónomo que actúe en coordinación con el Poder Ejecutivo y las instituciones de seguridad, ya que uno de los principales objetivos es garantizar paz y tranquilidad en el territorio morelense.
Margarita González Saravia, recalcó que este cambio representa una oportunidad para fortalecer la colaboración interinstitucional, la cual es clave para enfrentar los retos que se presentan en materia de impartición de justicia y responder de forma contundente a las demandas de la sociedad.
“Nosotros siempre vamos a estar del lado de la justicia y sobre todo para las mujeres en cualquier circunstancia. Creo que hay muchos expedientes empolvados en la Fiscalía, mucha gente ha venido conmigo a reclamar y quejarse durante estos meses. Va a ser una tarea enorme para el nuevo fiscal conocer los expedientes y él tendrá que ir decidiendo cómo proceder”, señaló.
En este sentido, la mandataria estatal recalcó que su Gobierno está comprometido con la legalidad, transparencia y respeto al Estado de Derecho, por lo que descartó tajantemente que la separación del cargo del exfiscal tenga que ver con la protección a personajes políticos.
"El actuar del exfiscal fue un salvavidas para él, una forma de presionar, muy a su estilo, esta denuncia la tenía desde 2023 y siempre la usó como una forma de chantaje, fue un acto desesperado de su parte y por eso, que quede claro yo no voy a proteger a nadie, ni mucho menos, el seguimiento de las denuncias es una tarea de la Fiscalía y cuando la justicia siga su curso, nosotros la vamos a respaldar”.
Asimismo, durante este encuentro con representantes de medios de comunicación, Margarita González Saravia anunció que próximamente presentará una propuesta de ley al Poder Legislativo para que el periodo de gestión del o la titular del órgano autónomo coincida con el sexenio en curso.
