Por: Javier Tijerina Estrada
Uno de los principales elementos rectores del Estado mexicano consiste en la separación del Estado y la Iglesia, este importante precepto político fue el resultado de una violenta confrontación entre una visión progresista representada por el ideario del liberalismo político de Benito Juárez y una oposición retrógrada de la iglesia católica en pugna por mantener los privilegios que tuvieron durante la colonia.
Derivado de las Leyes de Reforma se encuentra plasmado en el artículo 130 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos “el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias”, prohibiendo categóricamente a los ministros de culto participar en asuntos políticos.
El mismo artículo 130 constitucional en su inciso e) prohíbe de manera absoluta a los ministros de culto “oponerse a las leyes del país o a sus instituciones”.
Lo anterior es importante mencionarlo por aquello de que hay ministros de culto que tal parece que les gana la amnesia o de plano buscan burlase de los mexicanos al intervenir en asuntos políticos a pesar de que es de su pleno conocimiento que la Constitución les prohíbe participar en estos temas.
Es el caso del obispo de la Diócesis de Cuernavaca Ramón Castro y Castro quien violentando lo que marca la Constitución a como dé lugar ha emprendido una campaña para influir políticamente en el gobierno estatal, y paralelamente se encuentra promocionando acciones en contra del gobierno federal.
En este contexto, es como se deben de entender las insistentes declaraciones de Ramón Castro y Castro que buscan socavar la presencia política del gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco.
Lo que pretende el obispo de Cuernavaca es doblegar a un gobernante que fue elegido democráticamente por el pueblo.
Para eso, Ramón Castro ha recurrido al pretexto del problema de la inseguridad y de manera oportunista aprovecha cada declaración para amedrentar al Poder Civil representado en el gobierno estatal.
En esta intromisión ilegal en los asuntos políticos, le dio la tarea a su subordinado de la Diócesis de Cuernavaca, al párroco Abel Guadarrama de emprender una campaña de sabotaje político en contra del programa de gobierno que se encuentra impulsando Andrés Manuel López Obrador, en específico en contra de los proyectos que requiere el país para reactivar la economía como lo son la Termoeléctrica de Huexca y el proyecto minero de la comunidad de Tetlama.
Estos actos que vulneran la separación de la iglesia y el gobierno no pueden pasar desapercibidos, y muchos menos cuando estos suceden en tierras morelenses, cuna de acontecimientos históricos, de la independencia, de la reforma y la revolución.
En lugar de promover sabotajes en contra de la democracia constitucional, Ramón Castro y Castro y su empleado Abel Guadarrama deberían de emprender una campaña al interior de su propia iglesia para denunciar ante los medios de comunicación y presentar las respectivas demandas penales en contra de los pederastas que en nombre de Dios abusan de menores de edad.
