El Tribunal de Justicia Administrativa ha tomado una decisión trascendental al determinar la separación de funcionarios públicos del Ayuntamiento de Tlaquiltenango. Esta medida ha sido confirmada por el magistrado presidente, Guillermo Arroyo Cruz, quien ha expresado su preocupación por el desacato de varias sentencias emitidas por el tribunal a favor de un ex policía. Como resultado, se ha determinado la separación de los titulares de la secretaría de seguridad pública y de la tesorería municipal.
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A pesar de la emisión de la orden de separación, los servidores públicos en cuestión continúan desempeñando sus funciones. Ante esta situación, se ha dado aviso a la secretaría de hacienda del Gobierno del Estado para informarles que no se deben asignar recursos al tesorero, ya que hacerlo podría configurar un delito.
El magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa ha dejado claro que, dado que la orden de separación no ha sido impugnada por los destituidos, esta ha quedado firme. Además, se ha notificado la separación a la Auditoría Superior Gubernamental y a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con el fin de que verifiquen que los funcionarios no continúen ejerciendo sus cargos después del período mencionado.
Es fundamental que las instituciones encargadas de supervisar el uso adecuado de los recursos públicos y prevenir la corrupción, como la secretaría de hacienda, la Auditoría Superior Gubernamental y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, cumplan con su papel y realicen las investigaciones correspondientes.
Esta decisión del Tribunal de Justicia Administrativa demuestra su compromiso con el cumplimiento de la ley y la lucha contra la corrupción. Al separar a los funcionarios públicos responsables del incumplimiento de las sentencias judiciales, se envía un mensaje claro de que las decisiones del tribunal deben ser acatadas.
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