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Un congreso sin consistencia gobierna Morelos

Morelos posee un congreso lleno de inconsistencias, las cuales han salido a la luz pública y, en algunos casos, se han olvidado.

Fue en el 2021, el 7 de septiembre, cuando dos legisladores decidieron anular su voto respecto la Ley de Identidad Sexo genérica, porque "su religión no se los permite": Macrina Vallejo y Óscar Cano, quienes decidieron no ejercer su opinión.

En los meses subsecuentes, una serie de eventos en los cuales se vio involucrado José Antonio Ortiz Guarneros, el comisionado estatal de Seguridad, en donde expuso supuestos lazos entre legisladores y la delincuencia organizada que existe en Morelos, dejaron marca en la asamblea, en donde finalmente, los ánimos se calmaron y las acusaciones cesaron.

En vísperas decembrinas y con poco tiempo de haberse conformado, el nombrado G12, conformado por el PNAL, PRI, MC y PAN, hicieron uso de su fuerza e hicieron que la presidente de la Junta Política, María Paola Cruz Torres, y algunas de las comisiones del G8, conformado por el bloque opositor: PES, PT, RSP y Morena, fueran destituida de su cargo.

El caos en el Congreso imperó de tal forma que fueron exhibidas distintas situaciones, por ambos bandos, que, en algunos casos, involucraban denuncias por violencia política en razón de género por parte del bloque de los G8, las cuales se han quedado sin seguimiento, pues ya no existen intereses en ese tema.

La sucesión de la curul tras el deceso de Juan José Yáñez Vázquez ha sido un tema que ha violado leyes y que no termina por resolverse pues existen inconsistencias, ya que el puesto terminó en manos de Roberto Carlos Yáñez, sobrino del finado, a quien el Tribual Electoral del Estado de Morelos destituyó del cargo cediéndoselo a Gabriela Marín Sánchez, quien fue víctima de un feminicidio después poco más de un mes de asumir el puesto.

Entre sesiones en la madrugada, a puerta cerrada y sin una clara transmisión, Marguis Zoraida, quien tiene una relación conyugal con el exdiputado Roberto Yáñez, tomó el cargo que dejó la finada Gabriela Marín.

Lo que más llama la atención es la relación que hay en el congreso con el actual Fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara, quien se ha visto involucrado en el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda, debido a las declaraciones sobre su muerte, dejando en claro la incapacidad de su equipo y la corrupción que impera.

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