El 3 y 4 de mayo del 2006, el ahora presidente Enrique Peña Nieto, ordenó a reprimir un movimiento de protesta que se oponía al proyecto de un nuevo aeropuerto en San Salvador Atenco, en donde más de 20 mujeres fueron torturadas sexualmente.
Tras una exhaustiva investigación de años, la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH) dictaminó que el gobierno mexicano no sólo fue incapaz de otórgales justicia a estas mujeres, sino también se hizo un encumbrimiento de los hechos.
La represión terminó con la muerte de dos personas, más de 200 detenciones y decenas de heridos.
Once de las veinte mujeres torturadas sexualmente han denunciado los hechos y luchan por justicia, pero se vieron obligadas a llevar su caso a nivel internacional después de las denuncias fallidas, e incluso con la difamación del entonces gobernador Enrique Peña Nieto.
En junio de 2006, un mes después de los hechos, Peña Nieto llegó a declarar a la prensa que la “fabricación” de acusaciones era táctica de grupos radicales, y que ese podía ser el caso de las mujeres que denunciaban violaciones por parte de la policía, con el objetivo de desacreditar al gobierno.
Una década después, la CIDH no solo ha emitido su dictamen a favor de la víctimas, sino que envió el caso a la corte Intereramerica de Derechos Humanos, que podría obligar al Estado mexicano a establecer responsabilidades involucradas en los hechos, lo que incluye también a Enrique Peña Nieto.
La oficina del presidente no ha dicho nada por su parte que la CIDH no responsabilizó a Peña Nieto ni lo ha nombrado explícitamente como objetivo de la investigación.
