Han pasado 10 años, desde que México se volvió noticia internacional, y desafortunadamente no por una hazaña. La noche del 26 de septiembre del 2014, cuatro autobuses, en su mayoría con estudiantes de Ayotzinapa en su interior, fueron interceptados por elementos policiacos del municipio guerrerense.
¿La razón? Las autoridades, actuando por consigna del alcalde y joyero José Luis Abarca, evitarían que “los ayotzinapos”, como los llamó el edil, interrumpieran el informe que María de los Ángeles Pineda, su esposa y directora del DIF, había preparado.
Luego de una confrontación, y algunos golpes, la situación se tornó caótica cuando los elementos abatieron al normalista Daniel Solís Gallardo. El joven de 18 años, que soñaba con ser maestro, quedó tendido en el suelo, por lo que los estudiantes se comunicaron con otros de sus compañeros en y les pidieron dirigirse al lugar.
La madrugada del 27 de septiembre, mientras millones de mexicanos dormían, una de las peores escenas de la historia reciente del país comenzaba a desarrollarse. Policías de Iguala, presuntamente apoyados por propios elementos del Ejército Mexicano, abrieron fuego contra el grupo de normalistas. Algunos lograron esconderse en el cerro, otros en azoteas de casas. Desafortunadamente, también hubo fallecidos, y luego una nota de ocho columnas: 43 jóvenes estaban desaparecidos.
“Es que un grupo de ayotzinapos llegaron a Iguala; al parecer alguien los contrató para que vinieran a hacer desmadres”, declaró en horas posteriores José Luis Abarca. Pero entonces, las primeras investigaciones alertaron a la opinión pública: elementos de seguridad municipales, estatales y del Ejército revelaron que el grupo criminal Guerreros Unidos, una célula criminal nacida del cártel de los Beltrán Leyva, estaría implicado.
“Ya no los busquen, todos murieron en el basurero de Cocula”, dijo un criminal identificado como El Pajarraco. La situación terminó por explotar, y el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, renunció. Luego, el entonces procurador, Jesús Murillo Karam, confirmó por medio de una versión oficial denominada “La verdad histórica”, que los 43 jóvenes habían sido incinerados por Guerreros Unidos.
Después vino también el rumor respecto a las relaciones de complicidad por parte de María de los Ángeles Pineda. Presuntamente, en el pasado habría estado implicada con Arturo Beltrán Leyva y el crimen; además de que dos de sus hermanos murieron acribillados.
El argumento entonces era que los estudiantes boicotearían el evento de María de los Ángeles, sin embargo, los sobrevivientes de aquella noche replicaron que en realidad dirigían los autobuses a la Ciudad de México, irónicamente para participar en las marchas conmemorativas de la Matanza de Tlatelolco, el 2 de octubre, ¿a dónde se dirigían realmente?
José Luis Abarca y María de los Ángeles fueron detenidos en Iztapalapa y actualmente continúan en prisión. Al terminar el sexenio de Enrique Peña Nieto, el gobierno de AMLO prometió justicia y una nueva versión histórica.
En agosto de 2022, Murillo Karam fue detenido acusado de desaparición forzada. Tomás Zerón, otro exfuncionario involucrado, continúa prófugo. Y entre protestas, acusaciones y declaraciones, a casi 10 años de los hechos, los 43 siguen sin aparecer. ¿Algún día conoceremos la verdad?
Con información de Zahid Torales.
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