Mediante escrito presentado por su defensa ante un juzgado de la localidad española de Esplugues de Llobregat, la cantante arremetió contra la Hacienda Española por vulnerar su derecho a la intimidad durante la investigación en su contra por presunto fraude fiscal.
Los abogados de la española, acusan que la autoridad tributaria de aquél país ha recurrido a “medidas vulneradoras del derecho a la intimidad, como requerimientos a centros médicos para obtener información reservada”, lo anterior para poder comprobar su obligación a pagar impuestos por residir en España.
En el mismo sentido, la agencia de comunicación de la cantante, publicó un comunicado en el que se manifiesta que “es inaceptable el hecho de que, en su acusación, la Hacienda pública no esté respetando la seguridad jurídica que debe garantizarse a cualquier contribuyente ni tampoco mis derechos fundamentales”, afirmando que su historial con hacienda ha sido “impecable” y considera que las autoridades convirtieron su proceso en “una suerte de circo mediático para dañar el prestigio”.
La pena que solicita la Fiscalía contra la artista asciende a ocho años y dos meses de cárcel y una multa de 23.8 millones de euros, sin embargo en caso de condenársele podría evitar la cárcel ya que la pena máxima no supera los dos años de prisión y tampoco cuenta con antecedentes.
