EE. UU. solicita extradición de Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios

El Departamento de Justicia de Estados Unidos lanzó una acusación que sacude la política mexicana: el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el senador Enrique Inzunza Cázarez y otros ocho funcionarios y exfuncionarios fueron señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y delitos relacionados con tráfico de drogas y armas.

Según las autoridades estadounidenses, los implicados habrían integrado una red “corrupta y violenta” para facilitar el envío de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia territorio estadounidense.

También se les atribuye proteger a líderes criminales, filtrar información sensible y ordenar a corporaciones policiales resguardar cargamentos ilícitos.

Entre los cargos figuran conspiración para importar narcóticos, posesión de armamento de alto poder y uso de dispositivos destructivos, delitos que podrían alcanzar penas de hasta cadena perpetua. La acusación incluso apunta a que Rocha Moya habría llegado al poder con apoyo de “Los Chapitos”, a cambio de permitir la operación del grupo con impunidad.

El caso quedó radicado en una corte federal de Nueva York, bajo la jueza Katherine Polk Failla.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que el 28 de abril recibió solicitudes de extradición por parte del gobierno estadounidense, mismas que ya fueron turnadas a la Fiscalía General de la República para su análisis.

No obstante, la cancillería mexicana advirtió que, tras una revisión preliminar, los documentos no contienen pruebas suficientes para determinar responsabilidades, por lo que será la FGR quien defina la viabilidad legal de las detenciones con fines de extradición.

Rocha Moya rechazó las acusaciones y las calificó como un ataque político. Mientras tanto, Estados Unidos sostiene que este caso refleja la posible infiltración del crimen organizado en estructuras de gobierno.

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