Larissa de Orbe, representante de ambientalistas de la entidad, afirmó que las plantas de valorización abiertas por el Gobierno del Estado se conviertieron en un negocio que benefició económicamente a particulares. Señaló que se trató de un proyecto que “fracasó” a causa de que no existió la participación de organizaciones civiles y expertos en la materia.
La activista mencionó que de las 8 plantas valorizadoras, dos se convirtieron en tiraderos a cielo abierto lo que provocó un daño ambiental.Lamentó el abandono que dieron las autoridades durante todo el sexenio al tema de la protección del medio ambiente.
