Miriam vive en el estado de Baja California, y tenía 34 años cuando estaba sola en su departamento, sintió un fuerte dolor de estómago, fue al baño y expulsó a su bebé de forma involuntaria.
La hemorragia era tan grande que le había quitado todas sus fuerzas, así que no pudo llamar a nadie que la auxiliara hasta varias horas después, que llegó al teléfono y le marcó a su pareja.
En el hospital, lo primero que los médicos le interrogaron fue sobre qué sustancia se metió para provocar el aborto. Ella, en estado crítico, simplemente no podía hablar.
Mientras estaba siendo atendida llegó la policía, que la buscaba reprimir inmediatamente, sin embargo logró un par de días más para recuperarse físicamente de la terrible lesión que había sufrido. Los agentes se la llevaron sin explicarle nada, y después de un largo proceso donde no contó con una buena defensa, fue condenada a 20 años de prisión por homicidio agravado.
Estuvo 15 años en prisión, hasta que la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLegal) reabrió el caso y consiguió su libertad condicionada. Su vida ahora está limitada a tener que firmar cada mes al juzgado y sin la posibilidad de poder salir del estado.
