Juliana Quintanilla, integrante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) de Morelos, pidió al Congreso de Morelos, realizar las reformas necesarias a la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, para que los funcionarios que no cumplan con su deber sobre este tema, sean sancionados.
“Lo que nos preocupa es la saña con que se han cometido los últimos feminicidios, pero por otro lado que también es grave, es la violencia institucional; esto quiere decir que cada una de las instancias de Gobierno que tienen una responsabilidad puntual, empezando por la Instancia de la Mujer del Estado, la Fiscalía de Morelos, la Comisión de Seguridad, el Tribunal de Justicia, la Secretaría de Salud y Educación que no cumplen con sus funciones, están generando elementos que configuran una violencia institucional”.
Dijo que la responsabilidad que puedan alcanzar todos aquellos servidores públicos que no cumplan con la normatividad, debe ser de carácter penal, así que consideró que los diputados deben de analizar este tema y generar iniciativas que verdaderamente coadyuven a disminuir la violencia feminicida en el Estado.
“Esto es modificar el código penal, para que se incluya la sanción penal a los funcionarios que están violando la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, porque ahí, en esa ley, ya esta considerada la violencia institucional, lo único que hace falta, es saber como sancionar a estos malos funcionarios”.
Mencionó que con cuatro año de alerta de género en ocho municipios de la entidad, esos servidores públicos ya deben de conocer los mecanismos que estableció la Federación para reducir la violencia contra las mujeres.
