En el año 2019, en el municipio de Huitzilac, una persona fue víctima del delito de secuestro, pero cuatro días después logró ser liberada. Pero el 3 de mayo del 2023, elementos de la Agencia de Investigación Criminal aprehendieron a la activista Xóchitl Ramírez, quien lleva más de 20 años luchando por los derechos educativos de los niños a través de la organización civil “Atzin Desarrolló Comunitario”.
Su abogada, Ximena Ugarte Trangay, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, señaló que la detención de la activista se hizo de forma ilegal, pero a pesar de ello Xóchitl fue vinculada a proceso penal.
“Ese día iba acompañada de una niña, ya no le permitieron ir a dejar a la niña y a partir de ese momento la han mantenido vinculada a proceso penal conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y posteriormente nosotros tomamos el caso”, señaló.
A partir de entonces se solicitó a las autoridades que se revisara el caso, primero por la detención arbitraria; después por los testimonios de diferentes personas que comprueban que Xóchitl no participó en ese crimen y finalmente por las escasos elementos que presentó el Ministerio Público en contra de la activista.
Este martes, la audiencia intermedia, en la que se desahogan las pruebas entre ambas partes frente a un juez, se difirió debido a que la Fiscalía argumentó que el agente del ministerio público adscrito al caso se encontraba de vacaciones.
“La Fiscalía Estatal es un órgano unitario, no importa cuál sea el agente que acuda a una audiencia tienen que estar en conocimiento de los autos”,destacó la abogada.
Por ahora la activista continúa privada de su libertad en el penal de Atlacholoaya en el área femenil al espera de qué se reactive su audiencia para poder comprobar su inocencia.
