La Cámara de Diputados aprobó reformar diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Nacional de Ejecución Penal y del Código Penal Federal, en materia de sanción del feminicidio en grado de tentativa.
El dictamen de la Comisión de Justicia se aprobó en lo general y particular, los artículos no reservados, con 453 votos a favor, 24 abstenciones y cero en contra, mismo que fue enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Tene por objetivo hacer procedente la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio o en grado de tentativa punible.
Establece que los imputados no gozarán de la libertad condicionada, libertad anticipada, libertad preparatoria y la sustitución de la pena de los sentenciados por este delito.
Además, en los casos de feminicidio cometido en grado de tentativa punible, la autoridad judicial impondrá una pena de prisión que no será menor a la mitad y podrá llegar hasta las dos terceras partes de la sanción máxima prevista para el delito, que de acuerdo con el Código va desde 40 a 60 años de cárcel.
Indica que el objetivo es asegurar el derecho humano de acceso a la justicia y reparación del daño en favor de las víctimas indirectas en el caso de feminicidio y en favor de las víctimas en el caso de tentativa punible.
Al fundamentar el dictamen, la diputada Paulina Rubio Fernández (PAN) puntualizó que la reforma se refiere a casos en los cuales se ha verificado la intencionalidad de privar de la vida a una mujer.
“Lo que no ha ocurrido por hechos como la intervención oportuna de los vecinos, por la intervención de la policía o por otras circunstancias”.
Dada la crisis de inseguridad y violencia que se vive en el país, hoy no hay una medida cautelar que garantice el 100 por ciento de la integridad de las mujeres que fueron agredidas.
