Recientemente en el Senado de la República se aprobó una minuta que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Bienes Nacionales para garantizar el libre acceso a las playas mexicanas.
El proyecto que envió la Cámara de Diputados dispone que el acceso a las playas marítimas y la zona federal marítimo terrestre contigua a ellas no podrá ser inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionado, salvo en los casos que establezca el reglamento.
En el caso de que no existan vías públicas o accesos desde la vía pública, los propietarios de terrenos colindantes deberán permitir el libre tránsito, a través de los accesos que convenga con ellos la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Multas de 3 mil a 12 mil UMA’s
Se establece sanción de entre tres mil y hasta 12 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente a dichos propietarios o a titulares de concesiones, permisos, autorizaciones y acuerdos de destino sobre el aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre que impidan el acceso a dicha zona, así como a las playas.
En caso de reincidencia, además de la sanción señalada, se revocará la concesión, autorización o permiso, observando en lo conducente lo dispuesto en el artículo 18 de esta Ley General de Bienes Nacionales.
Playas mexicanas son legalmente públicas
La presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández Balboa, subrayó que las playas mexicanas son constitucional y legalmente públicas, por lo que deben existir caminos para que todo visitante, nacional o extranjero que desee disfrutarlas pueda hacerlo.
Destacó que la restricción a las playas que realizan los propietarios de predios colindantes a la zona federal marítimo terrestre, representa un acto de discriminación a los ciudadanos, pues asumen como propia una franja que no está en el comercio y cuyo dominio corresponde a la nación.
Los senadores señalaron que es un derecho humano, por lo que no se puede restringir su acceso, uso, goce o disfrute. El proyecto recibió 107 votos a favor y se envío al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
