La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presidió la conferencia matutina desde Cancún, Quintana Roo y combinó temas de reforma electoral, programas sociales y seguridad.
Plan B y participación de mujeres
Sheinbaum reiteró que el llamado Plan B de la reforma electoral incorporará medidas específicas para garantizar mayor participación política de las mujeres, incluyendo paridad y sanciones más claras a la violencia política de género.
Señaló que no se trata solo de reducir privilegios y costos del sistema electoral, sino de asegurar que las mujeres tengan condiciones reales para competir y gobernar.
Revocación de mandato y costos
La presidenta defendió la figura de revocación de mandato, pero cuestionó los altos costos con los que se ha operado en el pasado.
Afirmó que este mecanismo “no debe costar más, sólo la impresión de las boletas”, insistiendo en que la democracia participativa no puede convertirse en un pretexto para gastos excesivos de las autoridades electorales.
Programas sociales y “Mañanera del Pueblo”
Sheinbaum aprovechó para subrayar que los programas sociales federales se mantienen como prioridad, ligándolos a su discurso de “Mañanera del Pueblo” como un canal directo para informar sin intermediarios.
Respondió a críticas sobre el formato de la conferencia diciendo que es una forma de rendir cuentas diarias y contrarrestar lo que considera desinformación en algunos medios y redes.
Seguridad y presencia en el sureste
Desde Quintana Roo, la mandataria habló de seguridad en la región y refrendó la coordinación con gobiernos estatales para enfrentar delitos de alto impacto.
Mencionó operativos y el despliegue de fuerzas federales en zonas turísticas, argumentando que el sureste es clave tanto para la seguridad como para el desarrollo económico y el turismo internacional.
Austeridad y finanzas públicas
Finalmente, Sheinbaum reiteró el compromiso con la austeridad republicana y el manejo “responsable” de las finanzas públicas.
Aseguró que no habrá incrementos de impuestos generales y que el énfasis seguirá siendo recortar privilegios y gasto superfluo en el gobierno para financiar programas de bienestar e inversión prioritaria.
