La gobernadora Margarita González Saravia respaldó la regulación nacional del uso de teléfonos celulares en los planteles educativos, vigente desde este martes 3 de noviembre, y sostuvo que la experiencia de Morelos ha favorecido la atención en clase, la convivencia entre estudiantes y la comunicación con los docentes.
La mandataria afirmó que el estado fue pionero en limitar estos dispositivos en primaria y secundaria, ante la preocupación por la exposición constante de niñas, niños y adolescentes a contenidos difundidos en redes sociales, particularmente noticias sobre hechos de violencia que, señaló, pueden afectar su bienestar.
“Desde que lo aplicamos ha mejorado mucho la comprensión de lo que se enseña”, aseguró.
Según su balance, los alumnos participan más, conversan entre sí, escuchan a sus maestros y cuentan con mayor privacidad. Además, la mandataria consideró acertado extender la medida a las preparatorias.
González Saravia puntualizó que no se pretende prohibir los teléfonos, sino restringir su utilización durante las actividades escolares. En Morelos, los lineamientos para educación básica entraron en vigor el 12 de marzo de 2026, antes del acuerdo federal.
La disposición nacional, publicada el 22 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación, comprende escuelas públicas y particulares. En educación inicial, preescolar, primaria y secundaria impide utilizar celulares y otros dispositivos personales durante toda la jornada, incluidos los recreos. Hay excepciones para actividades pedagógicas autorizadas por docentes, emergencias, motivos de salud, discapacidad, accesibilidad e inclusión.
En bachilleratos y demás planteles de educación media superior, las restricciones se definirán mediante acuerdos con la comunidad escolar. Cada institución podrá establecer espacios para resguardar aparatos, permitirlos sólo en horarios o zonas determinados, impedir su uso durante toda la jornada o programarlo para actividades académicas.
Para universidades e instituciones de educación superior no se establece una prohibición general: se promueve el uso responsable y seguro de la tecnología, con respeto a la autonomía institucional y a las reglas acordadas por cada comunidad.
La medida -argumentan las autoridades- busca reducir distractores y fortalecer el aprendizaje y las relaciones presenciales. La gobernadora insistió en que se trata de regular los dispositivos, no de eliminarlos de la vida escolar.
