A menos de 48 horas del partido inaugural entre México y Sudáfrica, el conflicto entre los propietarios de palcos del Estadio Azteca, el Grupo Ollamani y la FIFA registró un nuevo capítulo que podría marcar el rumbo de la disputa durante la Copa del Mundo 2026.
Este martes 9 de junio, un juzgado federal en materia civil revocó las medidas precautorias que habían obtenido los palcohabientes en días recientes, otorgando un importante respaldo jurídico a la FIFA y a la administración del inmueble, que durante el torneo llevará oficialmente el nombre de Estadio Ciudad de México.
La resolución representa un duro golpe para los propietarios de palcos y plateas, quienes mantienen una confrontación legal relacionada con los derechos de uso adquiridos desde la construcción del estadio.
¿Qué perdieron los palcohabientes?
Con la nueva resolución judicial, los titulares de palcos dejaron de contar con la protección legal que les permitía exigir ciertas condiciones históricas de acceso al inmueble durante el Mundial.
Entre los puntos más relevantes del fallo se encuentra la suspensión del derecho a ingresar con vehículos particulares, alimentos y bebidas propias al estadio durante los encuentros de la Copa del Mundo.
De acuerdo con los argumentos expuestos por el juez, permitir estas excepciones podría afectar el interés público y comprometer la aplicación de los protocolos internacionales de seguridad y exclusividad comercial establecidos por la FIFA para la organización del torneo.
La amenaza de protestas sigue latente
La disputa no se limita únicamente a los accesos. En semanas recientes, la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas (AMTPP) expresó su inconformidad con las condiciones impuestas para el uso de los espacios durante el Mundial.
Uno de los principales reclamos está relacionado con el sistema de boletaje digital habilitado para los propietarios, quienes señalan que los accesos fueron liberados con restricciones que limitan su transferencia y comercialización.
La tensión escaló después de diversas declaraciones públicas realizadas por representantes de los palcohabientes, quienes advirtieron que podrían impulsar acciones de protesta si consideran que sus derechos contractuales no son respetados.
