Más de 200 de las 400 cámaras del sistema de videovigilancia impuesto por el gobierno de Graco Ramírez permanecen sin funcionar, sostuvo el integrante del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Carlos de la Rosa Segura.
El también presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, indicó que ya solicitó de manera formal que le sea informado no solo el número exacto de cámaras instaladas, sino el de las que se encuentran funcionando, ya que de forma extraoficial le fue comunicado que un problema en la compatibilidad del software mediante el que serán operadas, también ha impedido el funcionamiento de un porcentaje importante de las 200 que a la fecha han sido colocadas en la vía pública.
De la Rosa Segura sostuvo que el Gobierno de la Nueva Visión incumplió el compromiso de que en septiembre del año pasado, estarían instaladas y en operación las 400 cámaras adquiridas, a la par de la inauguración y puesta en funcionamiento del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C5). Prueba de ello, señaló, son los casos de muchos ciudadanos -entre ellos un periodista-que han sido víctimas de algún delito como el robo de vehículo y que al momento de solicitar la copia del video de las cámaras ubicadas en el lugar de los hechos, han sido notificados que la Comisión Estatal de Seguridad no cuenta con ellos para integrarlos a las respectivas carpetas de investigación.
“Si tu solicitas un video y te responden que no lo pueden proporcionar, pues es claro que las cámaras no están funcionando, esa es la única explicación”, dijo.
Por ello cuestionó el costo beneficio de los mil 300 millones de pesos que se invirtieron en la construcción y supuesto equipamiento del C5, ya que “en el planteamiento, las cámaras eran la herramienta que daría la pauta para que el Sistema Judicial en general funcionara, a partir de la Fiscalía, la Comisión Estatal de Seguridad y el propio Poder Judicial”.
Recordó que el gobierno de Graco Ramírez incluso justificó el reemplacamiento que los ciudadanos tuvieron que pagar en 2013, bajo el argumento de que el nuevo sistema de video vigilancia operado desde el C5, necesitaría de nuevas placas vehiculares que contendrían elementos de seguridad como un código, que sería leído desde las cámaras para la prevención y persecución del delito, cosa que por supuesto tampoco está ocurriendo.
Finalmente acusó que la Comisión Estatal de Seguridad a cargo de Jesús Alberto Capella Ibarra, se ha negado a revelar el número de cámaras sin funcionar, argumentando que se trata de información reservada.