Morena y el Partido del Trabajo se encuentran buscando la destitución formal de María Eugenia “Maru” Campos, gobernadora de Chihuahua, mediante una solicitud de Juicio Político presentada ante la Cámara de Diputados federal en San Lázaro.
La razón legal y política por la que se exige su salida es la presunta violación flagrante a la soberanía nacional y la Constitución Política de México. Según los legisladores denunciantes, la gobernadora incurrió en omisiones graves e incluso en “traición a la patria” al permitir, facilitar o encubrir operativos tácticos terrestres de agencias extranjeras dentro de su territorio sin la debida autorización del Ejecutivo Federal y el Senado de la República, que son las únicas instancias facultadas por la ley para regular la cooperación internacional.
Pero, para entender cómo se destapó esta situación y los argumentos de cada lado, el conflicto se resume en tres puntos esenciales.
El accidente del 19 de abril
El caso se descubrió por accidente, pues el 18 de abril de 2026 la Fiscalía de Chihuahua y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizaron un operativo conjunto en el municipio serrano de Morelos para desmantelar un macro-laboratorio.
Sin embargo, en la madrugada del 19 de abril, una de las camionetas que volvía del operativo cayó a un barranco. Al procesar la escena del siniestro, se constató que entre los fallecidos había ciudadanos estadounidenses vinculados directamente a la CIA, junto con elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua. Días después se confirmó que en una segunda camioneta viajaban otros dos agentes extranjeros que resultaron ilesos.
“Eran técnicos dando cursos”
Ante el revuelo internacional, el Gobierno de Chihuahua y su entonces fiscal general, César Gustavo Jáuregui Moreno (quien terminó renunciando para facilitar las investigaciones), ofrecieron una versión defensiva.
En esta versión, afirmaron que el personal norteamericano no estaba operando tácticamente de forma armada, sino que se encontraban en la comunidad de Polanco impartiendo una capacitación sobre el manejo y uso de drones y tecnología de reconocimiento.
Según su postura, los agentes simplemente se sumaron a la caravana de seguridad estatal para poder trasladarse de manera segura de regreso hacia el aeropuerto de la capital.
Por su parte, la propia Maru Campos ha sostenido en entrevistas que el estado “necesita forzosamente la colaboración de Estados Unidos” debido a la complejidad de la Sierra, pero niega rotundamente haber firmado permisos para una incursión militar de Washington.
El marco de Seguridad Nacional
Aunque, independientemente de si operaban o si solo daban cursos, el núcleo del escándalo radica en que la ley mexicana prohíbe estrictamente la intervención operativa de agencias extranjeras en tareas de seguridad pública o combate al narco en suelo nacional sin controles federales exhaustivos.
Dado que la Constitución establece que la política exterior y los tratados de seguridad son competencia exclusiva de la Federación, el hecho de que una fiscalía local coordinara traslados o actividades con la CIA de forma directa encendió las alarmas.
Por esta razón, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una carpeta de investigación y citó formalmente a declarar a la mandataria estatal.
