Hace tiempo un mentor con bastante experiencia en el quehacer público me dijo:
“Mano, al que no le guste el calor, que ni se acerque a la cocina”.
Hoy esa frase como otras tantas aplican a la vida pública de nuestro país, pero lo verdaderamente preocupante ya no es si a nuestras autoridades les gusta o no su función, sino que por Ley están obligadas a cumplirla.
En México, 6 de cada 10 personas consideran a la inseguridad como el principal y más importante problema a resolver, mientras que en Morelos es de 7 de cada 10, lo cual debería de marcar las prioridades de la agenda pública del país, sin embargo, y para desgracia de los gobernados, pareciera poco importar y mucho menos cumplir con la máxima del principio de legalidad que señala que: “Las autoridades solo pueden hacer lo que la Ley les autorice y están obligadas a cumplir con lo que expresamente señala”.
De esta manera, es el Consejo Nacional de Seguridad Pública la instancia superior de coordinación y definición de políticas públicas en Seguridad en todo el territorio mexicano y debería sesionar por lo menos cada 6 meses a convocatoria del Presidente de la República, es decir, a la fecha en lo que va de la administración federal, se deberían de tener contabilizadas al menos 6 reuniones, pero en la realidad esto ha ocurrido en apenas 4 ocasiones.
En Morelos es el Consejo Estatal de Seguridad Pública la máxima instancia de coordinación y consulta en seguridad, teniendo entre sus principales atribuciones el dar cumplimiento a los acuerdos y políticas emitidas precisamente, por el Consejo Nacional, así como elaborar políticas estatales y municipales de seguridad pública y establecer mecanismos que propicien la participación de la sociedad conforme a la problemática de cada sector social o económico, sesionando de manera trimestral, es decir, hoy en día se deberían de haber llevado a cabo 12 sesiones ordiarias, siendo que solo se encuentran registros de manera pública de apenas 5.
Para los municipios, se contemplan los Consejos Municipales de Seguridad Pública, quienes de manera bimestral deberían proponer acciones tendientes a prevenir y combatir la delincuencia en su ámbito territorial, con la participación de la sociedad civil, mientras que en la práctica y en la mayoría de los casos estas reuniones únicamente sirven para escuchar por parte de las autoridades y muchas veces de manera unilateral, la complicada situación de seguridad que se vive a causa de los delitos.
Al final del día, mucho de lo que vivimos a diario en las calles en materia de seguridad tiene su origen en estrategias o políticas públicas de instancias que no cumplen con su obligación legal, y que han tomado a la ocurrencia como una salida sencilla a nuestro terror cotidiano, viendo como se presentan y materializan propuestas y alternativas de solución autoritarias enfocadas en el egocentrismo, pues es la autoridad quien define cuáles son los problemas y cómo se van a resolver, improvisando perfiles e instituciones que dejan a la ciudadanía al margen de las decisiones que se toman desde las oficinas gubernamentales.
Según las recomendaciones internacionales, lo ideal sería crear espacios de diálogo con la ciudadanía que permitieran acercar a la policía con la gente, y no por el contrario, generar un modelo propio de una fuerza de ocupación, desplegando militares vestidos de policías que no están capacitados para escuchar a la gente, para dialogar y mucho menos para resolver conflictos que permitan reducir las violencias y peor aún, permitiendo su normalización.
