Para Jorge Zapata, “el pleito está declarado” por el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu contra los pueblos que en varias zonas de Morelos se oponen a megaproyectos energéticos, extractivos e industriales.
“Son megaproyectos de destrucción, de muerte”, sentencia.
Organizaciones campesinas y líderes comunitarios responsabilizan al mandatario de imponer esas obras para favorecer a grandes trasnacionales practicando clientelismo y represión. Desde 2014, la resistencia a los megaproyectos se unió a la Asamblea Permanente de Pueblos de Morelos (APPM) para mantener su lucha.
Ya el 23 de octubre de 2012, tres semanas después de que Graco asumió la gubernatura, un contingente de 300 policías arribó a las inmediaciones de Huexca, comunidad nahua de Yecapixtla, para desalojar a las campesinas que desde hacía meses impedían el paso de maquinaria con que la empresa española Abengoa quería iniciar la edificación de una termoeléctrica.
La obra forma parte del Proyecto Integral Morelos (PIM) de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ideado en el gobierno de Felipe Calderón, quien esperaba inaugurarla en su sexenio. La movilización en Huexca lo frenó.
El PIM se propone construir dos termoeléctricas de ciclo combinado en Huexca dentro de un predio de 50 hectáreas. La primera planta está por terminarse. Para alimentar las termoeléctricas se planeó construir un gasoducto (de 30 pulgadas de diámetro por 150 kilómetros de largo) a partir de la refinería de San Martín Texmelucan, Puebla, atravesando unas 60 comunidades de Tlaxcala, Puebla y Morelos, además de rodear el Popocatépetl por la zona de alta peligrosidad.
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