“Una mejor ciudad no es donde todos tengan coche, sino donde todas y todos podamos caminar”, esta es una de las tantas premisas que han impulsado por varios años tanto colectivos, sociedad civil organizada, especialistas en vialidad y familiares de víctimas a causa de la violencia vial, para promover la creación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
En diciembre del año pasado a propuesta de la Senadora Patricia Mercado del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el Senado de la República aprobó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que tiene por objeto establecer las bases para garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad estipulado desde hace dos años en nuestra Constitución Mexicana, misma que ley que siguiendo el proceso legislativo, hace unos días fue aprobada por unanimidad dentro de la Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados, la cual es presidida por el Diputado Salomón Chertorivski, también de Movimiento Ciudadano.
Lo que busca esta ley, es sentar las bases para la política de movilidad y seguridad vial, ubicando a la persona en el centro de la toma de decisiones, para lograr ciudades, calles y vialidades dignas para quienes ejercemos el derecho a la movilidad como el camino de acceso a otros derechos, estableciendo como prioridad la protección de la vida y la integridad física de las personas en sus desplazamientos por las vías públicas del país, por medio de un enfoque de prevención que disminuya los factores de riesgo a través de la generación de sistemas viales seguros.
Las organizaciones involucradas han señalado que existe una tasa de mortalidad vial que asciende a 16 mil personas fallecidas al año en promedio, convirtiéndose en una de las primeras causas de muerte en el país y en un grave problema de seguridad y salud pública, además los accidentes de tránsito son la primera causa de muerte de niños y niñas entre los 5 y 9 años y las lesiones por accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte de jóvenes entre los 20 y 29 años, además de representar pérdidas de hasta el 1.7 % del Producto Interno Bruto Nacional (PIB).
De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), cada 24 horas mueren en el país 32 personas en accidentes de tránsito, mientras que 81 resultan heridas por la misma causa, estas cifras incluyen tanto a personas que iban en los vehículos involucrados, así como a gente en el exterior de los mismos.
De esta manera, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial establece una jerarquía de movilidad, ubicando en primer lugar a peatones, seguido de ciclistas y personas usuarias de vehículos no motorizados, en tercer lugar a personas usuarias y prestadoras del servicio de transporte público de pasajeros, en cuarto a personas prestadoras de servicios de transporte y distribución de bienes y mercancías y en quinto lugar a automovilistas.
Para reducir el número de muertes por violencia vial encontramos diversos factores de riesgo, que en pleno siglo XXI deberían ser una obviedad, no obstante de aprobarse por el pleno de la Cámara de Diputados, todas las entidades federativas deberán reglamentar entre otras cosas, la obligación de portar licencias o permisos de manejo, límites de velocidad, asientos infantiles para menores de 12 años, uso de casco en motos, cinturones de seguridad, prohibición de uso de telefonía, aplicación de alcoholímetros y aplicación de un examen de manejo que acredite conocimientos teóricos y prácticos.
Pero lo que sin duda será uno de los grandes capítulos de ésta ley, será la infraestrutura, planeación y diseño de vialidades, estableciendo opciones de movilidad seguras no solamente para quienes utilizan coche, teniendo un impacto financiero en la planeación y generacion de políticas públicas viales que permita la reducción de incidentes hasta en un 65 %, permitiendo inclusive visibilizar la agenda de perspectiva de género, pues las mujeres son de los sectores más beneficiados con el cuidado de los viajes de las personas más vulnerables al trabajar los sistemas de transporte público.
Las preguntas entonces serían…
¿Estamos listos en Morelos para implementar estas grandes ideas que nos permitan tener espacios más seguros? ¿La propia capital cuenta con la infraestrucutra y organización urbana vial necesaria? ¿El servicio público será un aliado de la sociedad para prevenir muertes en las calles?
Ya veremos el nivel de compromiso de las autoridades, así como el involucramiento de la sociedad para luchar por una verdadera Seguridad Ciudadana, de la que se habla tanto, pero se conoce muy poco.
