Sindicalizados de los tres poderes y organizaciones de transporte montaron un campamento a las afueras del Congreso local con guardias las 24 horas del día donde se solidarizaron con los burócratas luego de las reformas a la Ley del Instituto de Crédito y de otras que ha llevado a cabo el legislativo.
Los manifestantes señalaron que el único responsable es la administración de Graco Ramírez al solicitar 390 millones de pesos y que con la iniciativa por Jaime Álvarez Cisneros y diputados, pretende no pagar.
