El Gobernador morelense Graco Ramírez Garrido interpuso una demanda de amparo contra la PGR, porque afirma que no le han proporcionado las fotocopias de la denuncia donde una ONG lo acusa de un supuesto desvío de 2 mil 800 millones de pesos.
El Mandatario estatal pidió al Juez Décimo Tercero de Amparo Penal del DF, Jesús Chávez Hernández, instruir a la Procuraduría a que le proporcione las copias que constan en la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/FECCSPF/M-X/066/2015.
El 25 de marzo pasado, la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos (CMMC) dio a conocer esta denuncia por peculado y uso indebido de atribuciones y facultades, derivado de un crédito de 2 mil 800 millones de pesos concedido al Gobierno del Estado.
Dicho crédito, según los denunciantes, fue etiquetado únicamente para financiar inversiones productivas, pero supuestamente se emplearon para gastos ajenos al rubo pactado, como lo es el uso de 400 millones para remodelar el Estadio Coruco Díaz.
Los denunciantes que acusan al Gobernador dicen basar su denuncia en documentos de una auditoría practicada a partir de septiembre de 2014, por orden del Congreso de Morelos, con el propósito de verificar los procesos de contratación, ejecución y comprobación del gasto.
El juez dio a conocer en su lista de acuerdos que ha aceptado tramitar la demanda 415/2015, interpuesta por Ramírez, y fijó para el próximo 8 de junio la celebración de la audiencia constitucional, a partir de la cual decidirá si concede o no el amparo.
De acuerdo con fuentes judiciales, en el amparo cita una serie de notas periodísticas publicadas en medios locales y nacionales, sobre la denuncia que presentó en marzo el organismo civil del que es vocero Gerardo Becerra Chávez Hita.
Su propósito es comprobar que existe la denuncia de la CMMC y que no ha tenido la posibilidad de conocer formalmente su contenido, a través de canales judiciales.
Fuentes federales informaron que a Graco no le han proporcionado los documentos que solicita, porque la PGR no lo considera hasta el momento con la calidad de indiciado o probable responsable de un delito.
Por lo pronto, el juez ha girado oficios a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos de la PGR, la cual depende de la Subprocuraduría de Delitos Federales, para que le informen si Graco ha solicitado las copias y, en caso de ser así, la razón por la que se le niegan.
