El gobernador del estado de Tabasco, Adan Augusto López Hernández, envió al pleno una propuesta que causó polémica a nivel nacional y que muchos han catalogado como una Ley antimarchas o “Ley Garrote”: cárcel a quien participe u organice manifestaciones en vía públicas.
¿Cuál es el fin de esta reforma? Detener los bloqueos, a las vías de tránsito e instituciones públicas, que han ocurrido en los últimos días por parte de trabajadores del campo ante los nuevos proyectos que plantea el Gobierno Federal sobre la industria petrolera, por lo cual podrían dar de 10 a 20 años de prisión para quienes realicen marchas que violen la libertad de tránsito o impidan el proceso de comunicación pública.
La norma aplicaría también para funcionarios públicos que se vean involucrados, inhabilitándolos de su cargo de 5 a 10 años.
Por ahora, la Comisión de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección civil, han aprobado la propuesta, y se espera que el pleno haga lo mismo, ya que al parecer, la mayoría de los miembros de MORENA lo avalan.
Según las autoridades estatales, solo se trata de una medida que busca poner orden ante el cierre de vialidades, no se aplica con otra intención.
