Este domingo 24 de enero entró en vigor la Ley de Aborto en Argentina, varias semanas después de ser aprobada en el Congreso de aquel país y ratificada por el Presidente Alberto Fernández.
La Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad del Gobierno argentino, Elizabeth Gómez, aseguró que tienen otro reto por delante para garantizar el acceso a este derecho y que los procedimientos se realicen conforme a la ley y con los protocolos de sanidad establecidos.
La funcionaria pública confirmó que en días pasados se compró una gran cantidad de misoprostol, fármaco que induce al aborto de manera rápida y segura, mismo que ya fue repartido a todas las clínicas y hospitales del país, para que sea entregado a las mujeres que deseen interrumpir su embarazo.
La ministra aseguró también que ya esperan demandas de algunos sectores conservadores en el país, como el Consorcio de Médicos Católicos, la Corporación de Abogados Católicos, la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia o incluso de la misma Iglesia Católica, mismo que han rechazado la entrada en vigor de esta ley.
Finalmente Gómez recordó que se puso a disposición de la población un número telefónico para que la gente que busque abortar tenga toda la información para hacerlo en una clínica del gobierno.
Dentro de la Ley de Aborto se establece que los centros de salud privados o públicos que no cuenten con profesionales de la salud para realizar el proceso, deberán canalizar a la paciente a un nosocomio donde pueda hacerlo. Además se indica que los funcionarios públicos, autoridades del establecimiento de salud, profesional o personal de salud que dilate, obstaculice o se niegue a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados, será acreedor hasta de 1 año de prisión e inhabilitación de la profesión.
