En una escala del 1 al 10 el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de Atlacholoaya en el municipio de Xochitepec, alcanzó solamente una calificación de 4.87 puntos, en la evaluación que realizó la Comisión de Derechos Humanos de Morelos CDHM), con base a cinco aspectos:
- sobre población
- falta de personal
- servicios de salud
- actividades laborales
- capacitación e igualdad
Después le sigue la cárcel distrital de Cuautla con 6.24 puntos, la de Jojutla con 6.49, el penal femenil de Atlacholoaya con 7.05, el Centro de Ejecuciones de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes (CEMPLA) con 7.59 y la de Jonacatepec con 7.74.
Por cuanto a la sobre población, el penal de Atlacholoaya tiene una capacidad de mil 999 personas, pero actualmente alberga dos mil 284. La de Cuautla está diseñada para 218 y mantiene a 509 y la de Jojutla para 132, pero existen 360.
Mientras que el resto no presenta sobre población, pues la cárcel de Jonacatepec cuenta con un espacio para 84 reclusos, solo hay 63, en el CEMPLA la capacidad es para 150, pero solo hay 48 y en el penal femenil de Atlacholoaya existen 130 espacios, de los que solo 123 están ocupados.
Sobre la cantidad de custodios, en todos el sistema penitenciario en Morelos, el organismo defensor señaló que existe una gran carencia de elementos, pues los estándares internacionales establecen que deber de existir un vigilante por cada ocho internos, mientras que en Morelos existe solo un elemento por cada 24 presos.
En salud, la CDHM afirmó que se constató un 75 por ciento de insuficiente atención médica y psicológica. En actividades laborales, la totalidad de los centros reportó una falta de actividades encaminadas a la reinserción y finalmente, por cuando a igualdad, se detectó una falta de instalaciones, recursos materiales, humanos e instrumentos normativos para vigilar, promover o garantizar los derechos de las personas privadas de su libertad.
“Esta es la primera vez que se hace un instrumento de esta naturaleza; en ejercicios previos lo que se hacía era solamente cumplir con lo que establece la ley de manera asilada, sin un compromiso social, sin terminar con instrumento que sirva a la gente y a las instituciones sin tomar decisiones, lo que se hacía eran visitas y se asignaban calificaciones sin un fundamento robusto y objetivo, a partir de una guía nacional”.
El estudio revela que durante el 2019, se cometieron tres riñas en todas las cárceles, que dejó 46 heridos, un motín con por lo menos nueve decesos, una fuga en el penal de Atlacholoaya, dos suicidios y 24 defunciones por enfermedad.
