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Exigen disculpa pública a Noroña; si no lo hace, podría perder derecho a reelección

Gracias a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Diputado Federal del PT, Gerardo Fernández Noroña, debe ofrecer una disculpa pública a la legisladora panista Adriana Dávila, así como tomar cursos de sensibilización sobre género, ya que se dictaminó que cometió “violencia política de género”.

El controvertido legislador ha referido en redes sociales que se niega rotundamente a cumplir con el mandato judicial y ha acusado que es un abuso de poder.

Los hechos por los que se le acusa a Noroña sucedieron en octubre de 2019 cuando este acudió al estado de Tlaxcala para una gira. Durante un evento habló acerca de la trata de personas que existe en esta entidad y acusó a la legisladora Dávila de estar coludida con los delincuentes que cometen estos ilícitos.

“Me dicen que hay una diputada que fue senadora que fue vinculada a este tema (trata) y que ahora es compañera nuestra y es más bocona que la chingada. Pásenme elementos para ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca”

Gerardo Fernández Noroña sobre Adriana Dávila.

Tras la dictaminación legal, la diputada del blanquiazul y su abogada convocaron a una rueda de prensa virtual para asegurar que la sentencia debe cumplirse a la brevedad posible.

“La sentencia lo que señala es que confirma todo lo que la resolución que el Consejo General del INE aprobó, que son las medidas de no repetición que el servidor público tiene que tomar varios cursos sobre sensibilización en materia de género, esas son las medidas, pero la sanción es que realice una disculpa de carácter público hacia la diputada. Esto lo tendrá que hacer de manera inmediata y si no lo hace entonces se aplicará esta medida de apremio que no se encontraba dentro de la resolución del INE y ahora lo toma el Tribunal como una medida de apremio en caso de incumplimiento quedará inscrito en el registro nacional de agresores”.

De no acatar el mandato de las instituciones, Noroña será incluido en el Registro Nacional de Agresores y perderá el derecho a participar en las próximas elecciones, ya que una nueva ley recientemente aprobada señala que cualquier persona acusada de violencia de género o similares quedará automáticamente excluida de cualquier proceso electoral y la posibilidad de ostentar cualquier cargo público.

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