La Fiscalía Anticorrupción imputó de nueva cuenta al ex secretario de Desarrollo Sustentable de Morelos, Topiltzin “N” ahora, por Ejercicio Indebido del Servicio Público, así como a otros dos ex funcionarios de alto nivel de la misma dependencia, por presuntamente pagar más de 12 millones de pesos por una planta valorizadora de residuos ubicada en el municipio de Mazatepec, la cual, no fue operada de forma correcta y tampoco recibió el mantenimiento necesario, por lo que ahora se encuentra inservible.
Por presumiblemente ser omisos en la vigilancia, seguimiento de la construcción y operación de la planta valorizadora de residuos ubicada en el municipio de Mazatepec, fueron imputados Topiltzin “N” ex secretario de Desarrollo Sustentable de la anterior administración estatal, José Iván “N” ex subsecretario de Gestación Ambiental y Noé “N ex Director General de Gestión Ambiental.
Presuntamente los imputados recibieron la planta de valorización de Mazatepec para operarla por dicha dependencia o a través de concesión y mantenerla a niveles óptimos de funcionamiento, lo que no sucedió, ya que la empresa que la operó no tenía la capacidad técnica ni certificación para hacerlo apegándose a los manuales y protocolos de funcionamiento, y tampoco dio mantenimiento preventivo, lo que ocasionó daños severos, dejándola inservible.
El jueves 30 de junio de 2022, en la sala 2 de la Ciudad Judicial de Jojutla, el agente del Ministerio Público presentó diversos datos de prueba contra los ex servidores públicos, quienes presuntamente el 29 de Noviembre de 2016 firmaron la acta de entrega física y formal de una planta de valorización de residuos sólidos en el municipio de Mazatepec, construida por la empresa Fabricantes y Distribuidores de Materiales para la Construcción S.A de C.V (FADIM), por la que se pagaron 12 millones 121 mil 297 pesos con 50 centavos.
Asimismo, los ex funcionarios tenían la obligación de vigilar que la planta fuera entregada operando eficientemente, así como verificar el correcto uso del equipo y capacitación de las personas que lo manejaban, pero al recibirla no se ocuparon de revisar si funcionaba de forma apropiada y tampoco verificaron que cumpliera con lo establecido.
Tras la imputación, la Jueza otorgó 144 horas para la audiencia de vinculación a proceso. De acuerdo con el artículo 20 constitucional, toda persona imputada, tiene derecho a “que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa”.
