La tarde del martes 3 de septiembre, la jueza Quinto de Distrito en Morelos, Martha Magaña López, emitió una tercera suspensión provisional que detiene el avance de la reforma judicial en la Cámara de Diputados.
La resolución establece que "el proyecto no podrá ser discutido ni votado provisionalmente por la Cámara de Diputados de la nueva legislatura". Sin embargo, la Cámara de Diputados ignoró esta resolución.
Durante la sesión, los diputados de oposición expresaron su preocupación, indicando que su participación y votación se realizaban con cautela, conscientes de que estaban en desacato de una resolución judicial, y advirtieron sobre las posibles consecuencias.
Esta es la segunda vez que Magaña López interviene para frenar el proceso legislativo, subrayando la necesidad de revisar la constitucionalidad del artículo que permite a los legisladores tratar temas pendientes de la legislatura anterior.
Además, el miércoles 4 de septiembre, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Penal del Estado de Morelos confirmó la vigencia de la primera suspensión provisional dictada por la jueza Magaña López el 31 de agosto.
Esta suspensión buscaba evitar la discusión de la reforma judicial, la cual, a pesar de la medida, se llevó a cabo durante la noche del 3 de septiembre y la madrugada del 4, resultando en la aprobación general y particular del dictamen presentado por el presidente López Obrador en febrero pasado.
Esta resolución podría confirmar las advertencias de la oposición e influir en el proceso legislativo que vive el dictamen que está por turnarse a la cámara de senadores.
Este desarrollo ocurre a pesar de las amenazas del presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, quien acusó a los jueces de intervenir en el Poder Legislativo y violar la Constitución.
Monreal advirtió que se interpondrán denuncias contra los jueces por presuntos delitos en la administración de justicia y se solicitará el inicio de un juicio político en su contra.
Además, las acusaciones también han alcanzado al juez federal de Chiapas, Felipe V. Consuelo Soto, quien había ordenado que, en caso de aprobarse la reforma al Poder Judicial, ésta no fuera enviada a los congresos locales.
A pesar de estos ordenamientos judiciales, la recién integrada legislatura federal sesionó en una sede alterna y, tras 12 horas de sesión y seis rondas de intervenciones con 172 participaciones de legisladores, aprobó el dictamen de reforma al Poder Judicial a las 04:15 de la madrugada del 4 de septiembre, con 359 votos a favor y 135 en contra.
