El fiscal anticorrupción en Morelos, Juan Salazar Núñez confirmó que el ex gobernador, Graco Ramírez tendrá que acudir ante un juez, luego de que la carpeta de investigación por supuestas anomalías en el crédito otorgado compra de un vehículo de lujo, previo a concluir su gestión, ya ha sido judicializada.
A fin de no entorpecer las investigaciones, Salazar Núñez se negó a dar mayores detalles del tema, sin embargo, insistió en que el exmandatario será llamado a comparecer de forma personal, es decir, que no tiene oportunidad de enviar solo a un representante legal.
La declaración la dio el fiscal, previo a la rendición del 5 informe de gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo, por lo que fue cuestionado por la prensa si podría cumplir la principal promesa de campaña del exfutbolista de "meter a Graco a la cárcel", a lo que respondió:
"Eso ya es un tema que le compete a los jueces, ellos van a decidir, con apego a la legalidad, si el ex gobernador pisa o no la cárcel, nosotros cumplimos con la responsabilidad de atender las denuncias de las cuales ya se judicializó la carpeta de investigación", sostuvo.
El 21 d septiembre del 2018, el Instituto de Crédito para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Morelos, le autorizó a Graco Ramírez un crédito por 600 mil pesos para la adquisición de una camioneta marca Chevrolet, bajo el argumento de ejercer su derecho como trabajador al servicio del Estado; en los alegatos por parte de los abogados del Instituto de Crédito, han referido que "accedió a un beneficio (crédito) al cual no tenía derecho, pues no es considerado dentro de la clase trabajadora".
La firma no solo que autorizó el empréstito, sino que también sirvió de aval del exgobernador, fue la de su entonces secretario de Hacienda, Jorge Michel Luna, quien ha enfrentado procesos jurídicos por señalamientos de supuestos actos irregulares.
Al referir que el otorgamiento del empréstito fue indebido, la institución interpuso denuncias, algunas de las cuales el exmandatario logró sortear, pues en septiembre del 2023 obtuvo una suspensión provisional contra cualquier resolución judicial de jueces penales estatales que ordenarán su aprehensión; dicha resolución fue emitida por un juzgado federal.
Es de resaltar también, que en noviembre de ese mismo año, la Fiscalía Anticorrupción dictó un acuerdo de no ejercicio de la acción penal a favor de Graco Ramírez, por lo que sorprenden las declaraciones hechas por Salazar Núñez, en torno a que el exmandatario no puede negarse a acudir, personalmente ante un juzgador y que el caso ya está en otras instancias.
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